La Corte Penal Internacional (CPI) recibirá en un plazo aproximado de dos semanas el pedido del Perú y otros cuatro países para que investigue, por delitos de lesa humanidad y violación a los derechos humanos, a Nicolás Maduro y la cúpula del Gobierno venezolano, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio.
En declaraciones a la prensa en la sede de la Cancillería, Popolizio apuntó que esta medida, para “profundizar la presión” contra Caracas, está siendo coordinada y es apoyada por los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia y Paraguay. La solicitud se basa en los informes elaborados, por separado, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ambos documentos señalan a Venezuela como una nación donde se comente una sistemática violación a los derechos humanos.
La CIDH precisa en su informe que “desde hace varios años, la Comisión viene observando un progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela, el que se ha intensificado de manera alarmante en los últimos dos años y, especialmente, en 2017”. Popolizio comentó que solo falta corregir el texto y, si no hay cambios, “la iniciativa del Perú será presentada, probablemente, en un par de semanas”.
Una vez presentado el pedido de manera formal, “la Corte tendrá que iniciar una investigación preliminar, cuyos resultados determinarán si se cometió una violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Si es así, iniciaría un proceso contra Maduro y la cúpula de su Gobierno por estos hechos”, explicó.
La CPI es un tribunal de justicia internacional permanente, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.
Tiene personalidad jurídica internacional y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Su sede está en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos.
Por su parte, Ecuador organiza una reunión con ministros de Relaciones Exteriores de 13 países de Sudamérica y Centroamérica para tratar el inusual flujo migratorio de venezolanos que escapan de la crisis económica en su país, informó la Cancillería del vecino país.
Los países invitados a la cita, que se desarrollará el 17 y 18 de setiembre, serán Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
No se cerrarán puertas a venezolanos
Tras ratificar la solidaridad permanente del Perú, el canciller Popolizio sostuvo que el Gobierno no cerrará las puertas a los venezolanos que abandonaron su país debido a la crisis humanitaria.
Precisó que las medidas adoptadas recientemente, como pedir el pasaporte para el ingreso de venezolanos en el país solo busca regularizar la migración. Dijo que se darán visas a ciudadanos venezolanos en casos excepcionales como, por ejemplo, madres que lleguen con sus hijos.
“A todos los demás se les pedirá el pasaporte, teniendo en cuenta que el 80% de venezolanos ingresan con este documento y solo un 20% presenta su cédula de identidad, que puede ser fácilmente falsificado”. Además, consideró necesario abordar el tema de la migración venezolana de manera multilateral; por eso, anotó, están en coordinación con Colombia, Ecuador y Brasil. (EP)
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